La extradición, en la viejo parte de los tratados en vigor experimenta ciertas limitaciones, Una de ellas y tal oportunidad la de veterano relevancia, es la de la nacionalidad de la persona requerida.
La extradición por delitos políticos puede ser rechazada en virtud de principios internacionales que protegen los derechos humanos y garantizan un trato ajustado a los individuos acusados.
Sin bloqueo, es importante resaltar que la atrevimiento final sobre la procedencia de la extradición por delitos políticos recae en los tribunales y autoridades competentes.
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Este tipo de extradición, denominada “pasiva” se da en esos supuestos en los que otro país requiere a España para que le entregue a una persona para juzgarla por un delito o para que cumpla una condena pendiente. Este procedimiento se regula en la Ralea de Extradición Pasiva, aprobada en 1985.
La orden europea permite a cualquier autoridad procesal solicitar la entrega de una persona a otro estado miembro, para el sucesivo de actuaciones penales o admisiblemente para el cumplimiento de una condena.
Si la persona reclamada ha sido juzgada o está siendo juzgada en España por los hechos por los que se solicita su extradición. Se podrá sin bloqueo obtener a la misma si se ha decidido no perseguir o finalizar el procedimiento irresoluto por los hechos referidos, y no ha tenido sitio el sobreseimiento osado o cualquier otra resolución que tenga posesiones de cosa juzgada.
Esto significa que el país requirente no puede dictaminar a la persona por otros delitos que no estén contemplados en la solicitud de extradición flamante.
Para que un país pueda solicitar la extradición a otro, debe existir previamente firmado entre entreambos estados un convenio doble que lo recoja y lo regule.
Esto implica que la solicitud de extradición debe ser presentada de acuerdo con los procedimientos legales establecidos y que los documentos y pruebas presentados deben ser válidos this page y verificables.
Si el reclamado es último de perduración y tiene su residencia habitual en España en el momento de la solicitud de extradición, y se considera que esta podría impedir su reinserción social.
Durante este proceso, el individuo tiene derecho a personarse pruebas y argumentos en su defensa, y asimismo puede impugnar la solicitud de extradición basándose en razones legales o humanitarias.
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Este procedimiento se fundamenta en tratados internacionales o acuerdos bilaterales entre los Estados, garantizando que los delincuentes no puedan evadir la Honradez al cruzar fronteras.